Productores de Polo anuncian demanda judicial contra COGUSA, el BID y el MOPC por destrucción de cultivos

Barahona, RD.-. Un grupo de propietarios agrícolas de las comunidades de Los Arroyos, Bretón y Mazaco, pertenecientes al municipio de Polo, en la provincia de Barahona, anunció que emprenderá acciones legales ante los tribunales competentes contra la empresa constructora COGUSA, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras sufrir graves daños en sus terrenos durante los trabajos de construcción del tramo carretero Polo – El Higuero.

Según relataron los afectados, maquinarias pesadas irrumpieron de manera arbitraria en sus propiedades sin ningún tipo de autorización, permiso ni consentimiento de los propietarios, arrasando con plantaciones de aguacate, cítricos, víveres y otros cultivos esenciales para el sustento de sus familias.

«Sin contar con ningún tipo de permiso, maquinarias pesadas irrumpieron de forma arbitraria en nuestras propiedades, destruyendo por completo producciones agrícolas de gran valor para el sustento de nuestras familias», expresaron indignados varios de los afectados.

Tres instituciones en el banquillo

La obra vial en cuestión es ejecutada por COGUSA bajo financiamiento del BID y en acuerdo directo con el MOPC, razón por la cual los productores dirigen sus acciones legales contra las tres entidades de forma simultánea, exigiendo la reparación integral de los perjuicios ocasionados y el pleno respeto a la propiedad privada.

Equipo legal ya está trabajando

Fuentes consultadas de primera mano confirmaron que varios de los propietarios perjudicados han constituido formalmente un equipo de abogados, quienes se encuentran preparando los expedientes para interponer las demandas judiciales correspondientes.

Los agricultores también lanzaron un llamado urgente a las autoridades competentes y a los representantes de los organismos involucrados para que asuman su responsabilidad, advirtiendo que llevarán el proceso legal hasta las últimas consecuencias.

Este caso pone en evidencia la necesidad de que los proyectos de infraestructura vial, independientemente de su importancia para el desarrollo regional, sean ejecutados con estricto apego a los derechos de las comunidades y propietarios afectados, garantizando procesos transparentes de consulta, autorización y compensación antes de cualquier intervención en terrenos privados.