Pobreza monetaria baja 2.6 % durante el primer trimestre, reporta el Gobierno

Santo Domingo, RD.- El Gobierno dominicano informó hoy que la tasa de pobreza monetaria general se situó en 15.4 % en el primer trimestre de 2026, lo que representa una reducción de 2.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior, cuando fue de 18.1 %.

Este resultado preliminar es consistente con la dinámica de crecimiento económico observada en el mismo período, durante el cual el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló una variación del 4.1 %, lo que sugiere que la expansión de la actividad productiva contribuyó a mejorar los ingresos de los hogares más vulnerables.

Esta reducción también fue influenciada por la implementación del aumento de los salarios mínimos, tanto sectorizados como no sectorizados, que se llevó a cabo desde abril del año pasado hasta febrero de 2026, en beneficio de los ciudadanos de menor poder adquisitivo.

Los datos se encuentran en la infografía de seguimiento a las cifras preliminares de pobreza monetaria que elabora el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), debidamente validados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), institución responsable de la recopilación de los datos.

“Los ingresos laborales percibidos durante los últimos 12 meses, comprendidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, reflejaron un incremento en comparación con los reportados entre abril de 2024 y marzo de 2025. Esto permitió que la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza alcanzara los 3.74 puntos porcentuales, contrarrestando así el efecto de la inflación”, explica el boletín.

Además, el informe destaca que la pobreza rural sigue siendo mayor que la urbana, situándose 4.0 puntos porcentuales por encima, ya que la primera se ubica en 18.8 %, mientras que la segunda está en 14.8 %.

Se recuerda que la pobreza monetaria se define como la situación de déficit que se manifiesta entre los ingresos de los que disponen los hogares y los recursos que necesitan las familias para adquirir una canasta normativa de bienes y servicios.