Reportaje revela presunto envío de alimentos adquiridos con cupones SNAP desde EE. UU. hacia República Dominicana

Un reportaje publicado por el medio estadounidense Muckraker ha generado controversia tanto en Estados Unidos como en República Dominicana al plantear que alimentos adquiridos mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos o food stamps, estarían siendo enviados desde territorio estadounidense hacia República Dominicana para su posterior comercialización.

Sin embargo, durante una entrevista a los medios el autor del reportaje, Anthony Rubin, reconoció que su investigación no logró determinar si detrás de estas operaciones existe una estructura de crimen organizado o si se trata de acciones aisladas realizadas por individuos que aprovechan los beneficios para ayudar a familiares o generar ingresos adicionales.

La investigación, publicada el pasado 27 de mayo bajo el título “We Exposed a Food Stamp Scam Stealing from Poor Americans” (Descubrimos una estafa de cupones de alimentos que roba a los estadounidenses pobres), se desarrolló principalmente en la ciudad de Lawrence, donde más de la mitad de la población es de origen dominicano y que figura entre las comunidades con mayor dependencia del programa SNAP en ese estado.

Según el reportaje, parte de los alimentos adquiridos mediante estos beneficios son colocados en barriles y enviados a República Dominicana a través de compañías de carga. Posteriormente, algunos de esos productos terminarían siendo vendidos en pequeños colmados ubicados en distintos puntos del país.

Muckraker también viajó a República Dominicana y visitó varios comercios donde encontró productos que, según los testimonios obtenidos por el medio, habrían sido enviados desde Estados Unidos. En uno de los establecimientos, una comerciante aseguró que parte de los alimentos que comercializaba provenían de familiares residentes en territorio estadounidense. En otro caso, una mujer afirmó obtener productos alimenticios a través de iglesias y organizaciones benéficas en Estados Unidos para posteriormente enviarlos al país.

No obstante, al ser cuestionado sobre el alcance real del fenómeno, Rubin admitió que no cuenta con evidencia suficiente para establecer cuántas personas participan en estas prácticas ni para determinar si existe una organización estructurada detrás de ellas.

“Estamos demostrando un sistema de fraude más general. Así que no es tan sencillo como ir y arrestar a alguien. Esto requeriría una reforma integral del sistema de cupones de alimentos”, afirmó durante la entrevista.

El periodista también reconoció que no pudo determinar con certeza el origen de algunos de los productos mostrados en el reportaje. En el caso de los alimentos obtenidos por una mujer que afirmó recibirlos de iglesias estadounidenses, señaló que no fue posible establecer si procedían de programas financiados por el gobierno federal o de donaciones privadas.

Las denuncias documentadas por Muckraker tampoco son nuevas. En julio de 2013, el periódico The New York Times publicó investigaciones en las que describía cómo beneficiarios de ayudas sociales en Nueva York compraban alimentos con tarjetas EBT y posteriormente los enviaban a familiares en República Dominicana, Haití y Jamaica. En aquel momento, empleados de supermercados y compañías de envíos afirmaron que la práctica era ampliamente conocida en determinadas comunidades inmigrantes.

Tras la difusión del reportaje, representantes de comerciantes dominicanos rechazaron que los casos mostrados puedan utilizarse para caracterizar a toda la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

El presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América, Radhames Rodríguez, organización que agrupa a más de 14 mil miembros, sostuvo que las imágenes presentadas por Muckraker muestran situaciones puntuales y no reflejan la realidad de la mayoría de los comercios dominicanos.

Asimismo, señaló que los bodegueros están sometidos a constantes inspecciones y pueden perder sus licencias incluso por errores menores relacionados con la venta de productos mediante programas de asistencia alimentaria.

Una posición similar expresó Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, entidad que agrupa a más de 24 mil propietarios de colmados, supermercados independientes y comercios detallistas en República Dominicana.

Rosario afirmó que los comerciantes dominicanos cuentan con mecanismos legales para importar productos estadounidenses gracias a los acuerdos comerciales existentes entre ambos países y consideró poco probable que negocios formales arriesguen sus operaciones comprando mercancías sin documentación.