La JCE introduce nuevo reglamento para regular encuestas electorales en República Dominicana

Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) ha publicado oficialmente el reglamento que establece el procedimiento para el registro, habilitación y supervisión de las firmas o empresas encuestadoras autorizadas para realizar y publicar encuestas en materia electoral.

En la normativa, que fue dada a conocer este viernes por el organismo, se busca fortalecer la transparencia, el rigor técnico y la equidad en los procesos electorales, estableciendo requisitos obligatorios para las empresas que deseen medir preferencias políticas, tendencias electorales o realizar sondeos de opinión con fines electorales.

En el reglamento se establece que todas las firmas encuestadoras deberán registrarse formalmente ante la JCE y presentar documentación como los estatutos sociales, la composición accionaria, la nómina de directivos y los currículums de los técnicos responsables de los estudios.

Asimismo, se indica que las encuestas publicadas deberán contener información técnica detallada, incluyendo el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, la metodología de levantamiento, las preguntas realizadas, la fecha del trabajo de campo y el software estadístico utilizado.

La JCE también establece reglas específicas para los sondeos a boca de urna o «exit poll», los cuales únicamente podrán realizarse previa notificación al órgano electoral, y cuyos resultados solo podrán difundirse horas después del cierre oficial de las votaciones.

En la disposición se establece la prohibición de publicar encuestas electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña establecidos en la legislación dominicana.

En el reglamento se contemplan sanciones para las firmas o empresas que incumplan las disposiciones, incluyendo la suspensión temporal, la cancelación definitiva del registro y otras medidas administrativas previstas en la Ley 20-23 del Régimen Electoral.

La Junta Central Electoral indicó que su papel será supervisar el cumplimiento técnico y legal de las encuestas, dejando claro que no validará ni certificará los resultados de los estudios realizados por las empresas encuestadoras.