Ministerio Público resalta que 35 de 40 acusados en caso calamar sean enviados a juicio

Santo Domingo, RD.- A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el envío a juicio del exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, del abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como de otras 33 personas acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones a través de una estructura de corrupción administrativa investigada en la Operación Calamar.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó como un triunfo en la lucha contra la corrupción y la impunidad el hecho de que 35 personas de 40 hayan sido enviadas a juicio. Sin embargo, consideró que los 40 procesados deben ir a juicio para responder por los delitos que se les imputan.

En ese sentido, adelantó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar emitidos por el tribunal en el caso de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas, junto con otros tres acusados.

Entre los enviados a juicio también se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. Además, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.

«En primer lugar, la decisión emitida por el tribunal hoy hace referencia a 40 acusados, entre personas físicas y jurídicas; 35 de ellos han sido enviados a juicio, incluyendo el caso de Ángel Donald Guerrero, quien es el eje operativo de esta estructura criminal», dijo Camacho a los periodistas de la fuente judicial que lo abordaron después de que la jueza Altagracia Ramírez emitiera el fallo.

La jueza Altagracia Ramírez rechazó las peticiones de las defensas de declarar la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal.

“El tribunal dictó algunos autos de no ha lugar a apertura a juicio para cinco personas, y, desde ahora, podemos decirle que el Ministerio Público va a apelar esa decisión”, adelantó.

«Y la vamos a apelar porque, con solo leer la decisión del tribunal, se hace evidente que este cometió una errónea apreciación de varias pruebas», subrayó.

En ese sentido, mencionó que el tribunal aceptó los testimonios de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña. «Esos mismos testimonios, según lo expresado por el tribunal y que están grabados en la audiencia, no fueron considerados cuando se dictaron estos autos de no ha lugar; por lo tanto, no se valoró correctamente esta prueba».

“El tribunal incluso emitió un auto de no ha lugar para uno de los acusados que, en un documento presentado por el Ministerio Público al tribunal, escribió su nombre de puño y letra en representación de seis personas, incluyendo a algunas que ya habían fallecido”, dijo.

«Es evidente que el tribunal incurre en contradicciones, inobservancias y en una errónea apreciación de las pruebas en relación con estos autos de no ha lugar que otorgó, y esa es la razón por la cual el Ministerio Público los va a apelar», enfatizó.

«Creo que es necesario reiterar que estos hechos ocurrieron en el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda de ese momento ha sido enviado a juicio en este proceso, junto a otras 34 personas», precisó el director general de Persecución.

Asimismo, agregó: “Eso deja al Ministerio Público con un caso en el que presentó pruebas suficientes para que fueran enviados a juicio, y efectivamente, están enviados a juicio”.

La decisión de enviar a juicio a 35 acusados fue adoptada al determinar el tribunal que el Ministerio Público presentó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en actos de corrupción administrativa dentro del entramado criminal desmantelado con la Operación Calamar.

El equipo que representó al Ministerio Público en la litigación fue encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto con los procuradores fiscales Rosa Alba García, Melbin Romero, Jhensy Víctor, Miguel Crucey, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez y Rosa Ysabel Mejía.

El expediente quedó en estado de fallo el 27 de marzo de 2026. Ese día se cerraron los debates y todas las partes fueron convocadas para el viernes a las 3:00 de la tarde, para escuchar la decisión. La audiencia comenzó pasadas las 7:30 de la noche del viernes y concluyó después de las 11 de la noche.

El tribunal entregó la sentencia en formato digital a cada una de las partes. Debido a lo avanzado de la hora, la jueza Ramírez hizo una lectura sucinta de los puntos más importantes.

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En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de los contribuyentes.

Los acusados, quienes fueron detenidos por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, formaban parte de una estructura que desvió la mencionada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La estructura también desvió dinero destinado al pago de deudas a ministerios e implementó un esquema de sobornos en los juegos de azar, los cuales deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.

El Ministerio Público, en este caso, presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo está siendo procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.

En el proceso, el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de prueba.

La Operación Calamar se inició el 18 de marzo de 2023, con la realización de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En estos operativos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diversas unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.