Vlamirdi Ruiz aclara que no participa en licitaciones públicas y desvincula su patrimonio del debate político municipal

El empresario precisó con certificaciones oficiales su salida societaria y administrativa en 2023, de empresa en conflicto

Anuncia la solicitud de desocupación inmediata del inmueble alquilado para evitar que un acuerdo entre privados sea arrastrado al debate público.

SAN CRISTÓBAL, RD. – El empresario Vlamirdi Ruiz se dirigió a la opinión pública y a los medios de comunicación para aclarar de forma categórica que ni su persona ni ninguna de sus empresas participan en procesos de licitación o contratación con el Estado dominicano.

La precisión surge a raíz de las recientes publicaciones mediáticas sobre el informe de monitoreo preventivo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) respecto al proceso de licitación del Ayuntamiento de San Cristóbal.

Ante las especulaciones difundidas, Ruiz puntualizó cuatro aspectos fundamentales respaldados por documentación legal y cronológica inobjetable:

Inexistencia de relación comercial con el Estado: Ni Vlamirdi Ruiz ni sus empresas figuran como oferentes, proveedores o contratistas en ningún concurso público actual.

Desvinculación societaria definitiva desde 2023: Ruiz certificó que vendió sus acciones y cesó formalmente toda función en la empresa mencionada en debate, decisión que ocurrió tres años antes del proceso de licitación cuestionado.

Causales reales de la resolución de la DGCP: El informe de análisis técnico de la Dirección General de Contrataciones Públicas detalla razones procedimentales e institucionales propias del pliego municipal para la suspensión del proceso, las cuales son ajenas a la persona o trayectoria del empresario Ruiz.

Rescisión del alquiler privado: La relación sobre el predio donde opera la flotilla del inquilino responde exclusivamente a un contrato privado de arrendamiento inmobiliario de RD$ 60,000 mensuales. El terreno fue adquirido lícitamente en 2023 donde operaba dicha empresa como inquilina desde el año 2016.

Con el objetivo de proteger su patrimonio moral y evitar que un acuerdo civil entre privados sea utilizado en debates políticos ajenos, Ruiz informó que ha solicitado de manera inmediata la entrega y desocupación del inmueble a los arrendatarios.

«Nuestra trayectoria empresarial siempre se ha conducido con apego a la ley, transparencia y ética. Ponemos a disposición de los medios la documentación que avala estos hechos, confiando en que se realizarán las debidas precisiones en favor de la verdad», expresó Ruiz.

Por su parte, el representante legal del empresario, el Dr. José Fernando Pérez Vólquez, hizo un llamado directo a la opinión pública y a los comunicadores a documentarse adecuadamente acudiendo a los informes oficiales.

«Exhortamos a quienes opinan sobre este caso a documentarse rigurosamente en los informes oficiales, como el emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el cual desvincula de forma clara e inobjetable a nuestro representado. El debate público debe conducirse con apego a la verdad y a los hechos probados», enfatizó el jurista, indicando que se reservan las acciones legales pertinentes para proteger el honor y el buen nombre de sus clientes.