Industriales y comerciantes piden garantías y ajustes al proyecto de ley contra mercancías producidas con trabajo forzoso

SANTO DOMINGO.- Representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) solicitaron a la Cámara de Diputados introducir garantías procesales, plazos claros y mecanismos que agilicen el despacho de mercancías en el proyecto de ley que busca prevenir y prohibir la comercialización de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Durante una reunión con la Comisión Permanente de Industria y Comercio, encabezada por el diputado Charles Mariotti Paz, los representantes empresariales expresaron sus inquietudes sobre varios artículos de la iniciativa legislativa, remitida por el Senado y propuesta por Félix Bautista.

Mario Pujols Ortiz, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, planteó que la legislación debe reforzar los criterios de notificación y los plazos, sin descuidar el interés público. También advirtió que no se puede presumir que todas las mercancías procedentes del exterior fueron elaboradas mediante trabajo forzoso.

Indicó que el sector industrial da seguimiento principalmente a posibles incumplimientos fiscales y regulatorios que puedan derivar en contrabando.

De su lado, Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de la ONEC, consideró importante la iniciativa, pero pidió establecer un equilibrio comercial que permita agilizar las importaciones. Propuso que, cuando la Dirección General de Aduanas no tenga indicios de que un producto fue fabricado mediante trabajo forzoso, pueda despacharlo en un plazo de tres días hábiles.

Asimismo, solicitó establecer una transición segura y evitar que la legislación se aplique a mercancías que ya se encuentren embarcadas.

Al concluir el encuentro, celebrado en el Salón Juan Pablo Duarte de la Cámara de Diputados, Mariotti Paz informó que la comisión evaluará las observaciones junto a sus miembros y defenderá los planteamientos que considere pertinentes.

El proyecto establece entre sus objetivos garantizar que el comercio internacional se desarrolle bajo principios éticos y de respeto a los derechos humanos, evitando que el mercado dominicano reciba productos elaborados mediante prácticas que vulneren la dignidad humana.