¿Intercambios de disparos o patrón de impunidad? La crisis que persigue a la Policía Nacional

Santo Domingo.– En los últimos meses, la Policía Nacional ha vuelto a quedar bajo el escrutinio público debido al incremento de muertes en operativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza y cuestionamientos sobre la transparencia de los informes oficiales que emite la institución tras cada incidente.

En redes sociales y sectores de opinión ha circulado la cifra de 127 fallecidos en aproximadamente cinco meses. Sin embargo, esa cantidad debe ser verificada con estadísticas oficiales del Ministerio Público, la Policía Nacional u organismos independientes, ya que existen diferencias entre las fuentes disponibles y la metodología utilizada para contabilizar estos casos.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, ha reconocido que los llamados «intercambios de disparos» generan cuestionamientos públicos y ha sostenido que cada caso en el que una persona resulta muerta o herida durante una intervención policial debe ser investigado de manera individual para determinar si el uso de la fuerza fue conforme a la ley.

En el 2025 la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que la reducción de los reportes de personas abatidas en supuestos intercambios de disparos con agentes del orden responde en parte a un cambio de actitud de la ciudadanía y a una mayor disposición a acatar instrucciones de las autoridades durante intervenciones policiales.

Mientras familiares de víctimas reclaman justicia, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que existe un patrón repetitivo en los casos: la versión inicial presentada por la Policía suele describir un supuesto «intercambio de disparos», pero con el paso de los días aparecen evidencias, testimonios o investigaciones que ponen en duda esa narrativa.

Mientras persistan las dudas sobre algunos procedimientos y continúen apareciendo casos que generan controversia, la pregunta seguirá abierta para muchos dominicanos: ¿todos los llamados «intercambios de disparos» ocurrieron realmente como fueron narrados en los primeros informes, o algunos deberán ser esclarecidos por la justicia?

El debate sobre los «intercambios de disparos»

Uno de los aspectos que más controversia genera es la utilización recurrente del término «intercambio de disparos» para explicar muertes ocurridas durante intervenciones policiales.

Especialistas en derecho penal y derechos humanos sostienen que esa explicación no puede asumirse como un hecho definitivo mientras el Ministerio Público no concluya una investigación independiente que determine si realmente existió una agresión contra los agentes o si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.

En varios casos de alto perfil ocurridos en los últimos meses, las primeras versiones policiales fueron modificadas posteriormente tras la aparición de videos de cámaras de seguridad, grabaciones de celulares, informes forenses o declaraciones de testigos.

Informes preliminares bajo cuestionamiento

Abogados consultados sobre este fenómeno consideran que los reportes elaborados por los propios agentes involucrados no pueden convertirse en la única fuente de información.

La preocupación radica en que, en ocasiones, la narrativa institucional se divulga públicamente antes de que el Ministerio Público realice entrevistas, levante evidencias, practique peritajes balísticos o reconstruya la escena.

Para diversos sectores, esta práctica puede influir en la percepción pública del caso incluso antes de conocerse toda la verdad.

¿Sanciones o simples traslados?

Otra de las críticas recurrentes apunta al manejo disciplinario dentro de la Policía Nacional.

Familiares de víctimas y organizaciones sociales denuncian que agentes señalados por presuntos abusos o maltratos continúan en servicio activo y, en algunos casos, únicamente son trasladados a otras dotaciones o provincias mientras avanzan las investigaciones.

Aunque la institución ha informado en distintas ocasiones sobre procesos disciplinarios y cancelaciones de agentes, críticos consideran que las medidas adoptadas no siempre resultan suficientes para fortalecer la confianza ciudadana.

Diversos reportes públicos indican que decenas de personas han perdido la vida en intervenciones policiales durante los primeros meses de la actual gestión.

Más allá del número exacto, especialistas coinciden en que la cantidad de muertes constituye un motivo de preocupación y exige investigaciones rigurosas.

Detrás de cada expediente hay familias que aseguran haber perdido a un ser querido sin recibir una explicación convincente.

Algunas denuncian que las víctimas eran personas inocentes; otras sostienen que, aun cuando existiera una persecución policial, el uso de la fuerza fue excesivo.

Las consecuencias también alcanzan a niños que quedan huérfanos, padres que buscan justicia y comunidades donde la relación con la Policía se deteriora tras cada incidente.

La institución es dirigida por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, designado director general de la Policía Nacional. Bajo su gestión continúa el proceso de transformación y reforma policial impulsado por el Gobierno, aunque los recientes casos han vuelto a poner a prueba la confianza pública en esa reforma.