Prisión preventiva para ejecutivos acusados por fraude en el Oncológico del Cibao

Santiago, RD.- Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos de los acusados de formar parte de una estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante maniobras fraudulentas que perjudicaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Las acciones perjudicaron a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según el Ministerio Público.

El caso fue declarado complejo, y Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, fueron enviados a prisión, mientras que su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, deberá cumplir arresto domiciliario.

Al referirse al caso de los tres individuos arrestados con la puesta en marcha de la Operación Onco14, la procuradora general de corte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, destacó que el tribunal acogió por completo la solicitud formulada por el Ministerio Público.

«Seguiremos investigando, habrá más imputados», enfatizó Ortiz, quien representó al Ministerio Público en el proceso junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago; así como los fiscales Joanna García y Elvin Ventura.

“El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante sólida y que se han aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos”, dijo Ortiz.

La representante del Ministerio Público fue abordada después de que la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, diera a conocer la decisión.

Ortiz resaltó que la solicitud de medidas fue sustentada con pruebas de carácter pericial que llevaron a la jueza a imponer las medidas solicitadas por el Ministerio Público. “Esto evidencia, una vez más, la contundencia de los procesos que llevamos desde esta procuraduría especializada”, dijo. 

En cuanto a la solicitud de variación del arresto domiciliario en el caso de una de las imputadas, reafirmó que, hasta el momento, el Ministerio Público no tiene ningún tipo de acuerdo de cooperación con los procesados.

“El Ministerio Público, como lo ha hecho en otras ocasiones, ha reconocido la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad frente a los hechos, que están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y que, por consiguiente, tienen menos interés en fugarse que aquellos que mantienen una defensa negativa”, añadió Ortiz.

Héctor Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán deberán cumplir la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, en Santiago.

La investigación llevada a cabo por el órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico, mediante el cambio de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.

Durante la Operación Onco 14, fue arrestado Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC.

También fue detenida su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Por el caso fue arrestada, Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014, ocupó la Vicepresidencia y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.

Los imputados y las entidades jurídicas Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante diversos mecanismos fraudulentos.

La investigación aborda delitos como el fraude clínico y farmacéutico, mediante el cambio de indicaciones médicas, el uso de sellos médicos falsos, la doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.

Además, la prohibición de las donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico de sustancias controladas.

Asimismo, se han utilizado habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, se han efectuado gastos de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles. Además, se ha llevado a cabo sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos y crearon la fundación Tócate, con la cual desviaban fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.

Otro de los mecanismos para la distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que trabaja en este tipo de entidades.