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Veinte detenidos por pertenecer a red que estafaba a residentes en Estados Unidos

Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, puso en marcha la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, además, incurrían en el delito de lavado de activos.
La Operación XL526 resultó en el arresto de 20 personas, incluyendo a cinco cabecillas y seis integrantes de la red. Un grupo de 35 fiscales lideró 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.
Las acciones se llevan a cabo con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, así como la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los miembros de la red atacada se dedicaban de manera sistemática y organizada a cometer estafas, chantajes y a obtener fondos de manera ilícita desde República Dominicana.
A través de sus acciones fraudulentas, la organización criminal recaudaba fondos para llevar a cabo la transferencia, ocultación y blanqueo de capitales, con el objetivo de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento ante las autoridades.
Durante la operación, fueron arrestados los cabecillas de la estructura criminal: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Los miembros también incluyen a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Otras ocho personas fueron detenidas con fines de investigación, mientras el Ministerio Público busca a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
Los integrantes de la red criminal serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, debido a su vinculación con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
La organización criminal de carácter internacional tenía su base operativa en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago.
La red estaba compuesta por individuos que dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Su modus operandi consistía en captar víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, siguiendo un guion previamente estructurado por los líderes de la organización.
Los imputados, utilizando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como el denominado «Cártel de Sinaloa», con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas, a quienes exigían la entrega de dinero y enviaban imágenes de crímenes horrendos como forma de amenaza.
Los fondos obtenidos de esta manera se canalizaban posteriormente a través de diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas, como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago.
Las transacciones mencionadas se realizaron, en la mayoría de los casos, a favor de terceros que la investigación ha identificado, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen ilícito.
La ostentación de un estatus de bienestar económico por parte de los miembros de la organización criminal incentivaba la incorporación de nuevas personas, principalmente jóvenes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros y sus municipios cercanos.
Los imputados han empleado mecanismos de intimidación y coacción que han causado graves afectaciones psicológicas en las víctimas, utilizando amenazas como medio para provocar temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en las víctimas directas como en sus familiares, afectando de manera significativa su estabilidad personal y calidad de vida.