PLD denuncia riesgo en compra de zapatos escolares y cuestiona proceso de urgencia del INABIE

Santo Domingo. -El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que la adquisición de zapatos escolares para el próximo año lectivo enfrenta un alto riesgo debido a decisiones adoptadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), las cuales, según la organización política, vulneran procesos administrativos, afectan la transparencia de las contrataciones públicas y ponen en peligro a la industria nacional del calzado.

La organización aseguró que el proceso de compra podría favorecer la importación de calzados de menor calidad en detrimento de los fabricantes dominicanos, sector que durante más de una década ha suplido la demanda de zapatos para estudiantes del sistema educativo público.

El PLD recordó que en 2024 el INABIE convocó la licitación pública nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0012 para la confección y adquisición de zapatos escolares correspondientes a los períodos 2025-2026 y 2026-2027. El proceso recibió 172 ofertas y concluyó con la adjudicación a 101 proveedores.

Sin embargo, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la Resolución RIC-0106-2025 del 11 de agosto de 2025, determinó que 98 de los 101 contratos presentaban irregularidades que comprometían la legalidad y transparencia del proceso, lo que provocó la anulación de 25 adjudicaciones.

Según el partido opositor, tras la anulación de esos contratos, el INABIE debió convocar una nueva licitación de manera inmediata. No obstante, señala que la institución dejó transcurrir nueve meses antes de recurrir a un proceso de urgencia, identificado como INABIE-MAE-PEUR-2026-0003, para la adquisición de los zapatos escolares.

El PLD sostuvo que la declaratoria de urgencia no responde a una situación imprevisible, como establece la Ley 47-25 en su artículo 78, sino a una falta de planificación que podría limitar la competencia y favorecer a determinados oferentes.

La organización también expresó preocupación por la posibilidad de que se incremente la participación de zapatos importados del 20 % actual hasta un 30 % o incluso un 40 %, bajo el argumento de que los productores nacionales no cuentan con capacidad suficiente para suplir la demanda.

A juicio del partido, la industria local posee la capacidad técnica y productiva para fabricar los cerca de 900 mil pares de zapatos contemplados en la licitación. Además, afirmó que los calzados nacionales, elaborados en piel, ofrecen mayor calidad, durabilidad y garantía que los zapatos sintéticos importados.

El PLD aseguró que estudios de costos realizados por la organización indican que para el Estado resulta prácticamente igual adquirir zapatos fabricados localmente que importar calzados sintéticos de menor calidad. Asimismo, denunció que algunos zapatos importados pueden conseguirse en el mercado local a precios incluso inferiores a los que serían adquiridos por el INABIE mediante compras al por mayor.

La organización recordó además que en febrero de 2025 se denunció públicamente que, de 51 oferentes clasificados como fabricantes en la licitación anterior, solo 20 eran reconocidos por el sector como productores reales de calzado. Según indicó, el 61 % de los participantes registrados como fabricantes no tenía una vinculación comprobada con la producción de zapatos escolares.

Ante esta situación, el PLD exigió al INABIE y a la DGCP garantizar que ninguna empresa sin capacidad técnica demostrada resulte adjudicada en el proceso en curso. También solicitó verificaciones presenciales de instalaciones, personal y maquinaria de los participantes.

Asimismo, pidió que el proceso de urgencia no sea utilizado para sustituir la producción nacional por importaciones de menor calidad, que se respete el espíritu del Decreto 164-13 de apoyo a la industria local y que organismos como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público continúen las investigaciones sobre las irregularidades detectadas.

Finalmente, el partido afirmó que permanecerá vigilante del proceso y reiteró su compromiso de defender el derecho de los estudiantes a recibir utilería escolar de calidad, proteger los empleos generados por la industria nacional del calzado y velar por el uso transparente de los recursos públicos.