Empresarios desafían varios artículos de Ley de Residuos Sólidos ante el Tribunal constitucional

Santo Domingo, RD.- Representantes del sector empresarial, agrupados en la Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), informaron hoy que han interpuesto una acción ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16, que modifican la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Fernando Pinales, presidente de Codopyme, explicó que la acción busca la declaración de inconstitucionalidad de dichos artículos, al considerar que imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), poniendo en riesgo su sostenibilidad, el empleo y la competitividad del aparato productivo nacional. Pinales indicó que apoya la protección del medio ambiente y la gestión responsable de los residuos, pero advirtió que la normativa impugnada establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos, sin relación con la generación real de residuos, lo que ha provocado incrementos que alcanzan hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la legislación anterior. Pinales detalló que una empresa que antes pagaba RD$500 por ventas de hasta un millón de pesos ahora deberá pagar RD$3,000, lo que representa un incremento de más del 500 %.

En el caso de empresas con ventas entre uno y diez millones de pesos, que anteriormente pagaban entre RD$1,500 y RD$5,000, ahora deberán pagar RD$6,000, con aumentos que van desde un 20 % hasta un 300 %. Se indicó que estos incrementos aplican a todas las empresas que reporten impuestos, ya que las nuevas tarifas, penalidades y cambios respecto a la ley anterior están siendo considerados en las declaraciones fiscales.

Ángel Vido, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, afirmó que la ley busca limitar la libertad de empresa, frenar la generación de empleos y añadir más cargas a las empresas que dinamizan la economía dominicana, lo que finalmente impacta a la economía nacional al incentivar la creación de más empresas informales.

Por su parte, Jennifer Troncoso, de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, informó que se han sumado a la acción de inconstitucionalidad, al considerar que la normativa impacta a todos los negocios, especialmente a los comercios formales y a los minoristas dominicanos.

Advirtieron que la ley afecta directamente los costos de producción, lo cual se trasladará a los consumidores, impactando a toda la ciudadanía. Señalaron que, si no se presta atención en el Tribunal Constitucional, muchas empresas podrían verse obligadas a cerrar, lo que tendría un efecto negativo en la competitividad, el empleo y la economía nacional.