ProCompetencia entrega al Poder Ejecutivo anteproyecto de nueva Ley 42-08

Santo Domingo. – La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) presentó este jueves ante el Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, con el que se pretende actualizar la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia para ajustarla a las nuevas realidades del mercado.

El documento fue entregado por la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, en un acto en el que también participó el director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré, de acuerdo con una nota de prensa institucional.

Subero Isa destacó la importancia de la propuesta y aseguró que trabajará para impulsar su aprobación en el Congreso Nacional, con el objetivo de dotar al país de una normativa moderna y alineada con estándares internacionales en materia de competencia.

Por su parte, Vásquez Taveras explicó que la iniciativa no solo busca sancionar conductas anticompetitivas, sino también fomentar un entorno donde la libertad de empresa contribuya al crecimiento económico y a la innovación.

La institución indicó que el anteproyecto recoge las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tras el Examen Inter-Pares realizado en 2024 al marco legal y a la política de competencia de la República Dominicana. Esta reforma figura entre los cambios estructurales necesarios para respaldar la aspiración del país de integrarse a ese organismo.

Según ProCompetencia, la propuesta forma parte de una estrategia estatal orientada a modernizar el sistema regulatorio, promover mercados más abiertos y competitivos y sentar bases sólidas para un crecimiento sostenible e inclusivo. Por ello, ha sido incluida como meta prioritaria dentro del proyecto Meta RD 2036.

El texto plantea un marco jurídico que refuerza la seguridad y previsibilidad normativa, agiliza los procedimientos y amplía las garantías institucionales, con miras a prevenir prácticas contrarias a la competencia y dinamizar la actividad económica. Además, busca fortalecer el clima de inversión, reducir la incertidumbre y aumentar la confianza de inversionistas locales y extranjeros, consolidando la imagen del país como un destino transparente y confiable para los negocios.