Wilson Camacho dice hay pruebas sobreabundantes para enviar a juicio a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes

Santo Domingo, RD.- Tras concluir con las réplicas en el proceso por corrupción administrativa seguido contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y sus cómplices, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de los contribuyentes.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró que las pruebas son contundentes al responder preguntas de la prensa sobre el proceso, cuya audiencia preliminar se lleva a cabo en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

«Este es un caso en el que las pruebas son abundantes y evidentes, y el tribunal no necesita realizar ningún esfuerzo extraordinario para verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio», señaló.

Detalló que este viernes el Ministerio Público concluyó sus réplicas en este proceso. “Hemos solicitado al tribunal, en la réplica, enviar el proceso a juicio, enviar a todos los acusados a juicio, que es lo que procede conforme a lo que ha presentado el Ministerio Público”, explicó Camacho. Añadió que también pidieron rechazar los incidentes presentados por todas las defensas y aceptar las pruebas del Ministerio Público.

“No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acepte los incidentes planteados por las defensas. Estas, tanto dentro como fuera del tribunal, al dirigirse a ustedes (los periodistas), se han limitado a presentar opiniones. Cualquiera puede tener una opinión, pero no los hechos. Los hechos son objetivos y verificables; las opiniones, no”, indicó.

Indicó que las defensas nunca responden a los hechos en el tribunal. «No abordan cuestiones como la reunión en el Palacio en el año 2019, donde se ordenó buscar fondos, ni mencionan que se creó un lugar para la recepción de esos fondos llamado La Casita, ubicado en Bella Vista. Tampoco hablan del dinero que el propio Bolívar Ventura reconoce haber tenido que pagar, y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos», precisó.

En ese mismo sentido, dijo: “No mencionan la línea de casino, en la cual también se estableció un sistema de soborno llamado El Programa o El Proyecto”.

Wilson Camacho añadió: “Esos son hechos, esas son razones para que este tribunal eleve este proceso a juicio. Los tribunales no fallan en base a opiniones, fallan en base a los hechos que se presentan y a las pruebas que se aportan con relación a esos hechos”.

Especificó que «Bolívar Ventura afirma haber pagado más de 1,200 millones de pesos y que tuvo que entregar esa cantidad: es testigo».

Detalló que todas las personas que fueron utilizadas por el Ministerio de Defensa para poner en funcionamiento el proyecto o programa mediante el cual se distribuían sobornos relacionados con los juegos de azar son testigos en el proceso. “Toda la documentación de los procesos de pago es testigo en el proceso”, dijo.

El procurador adjunto Wilson Camacho, junto con la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezaron el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia. Este equipo también está integrado por los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.

Durante la audiencia, en la que el órgano acusador presentó sus conclusiones de réplica a los argumentos de la defensa, Ortiz solicitó al tribunal decretar la apertura a juicio de cada uno de los imputados que han sido señalados por el Ministerio Público en el expediente acusatorio.

De igual manera, que se mantenga la calificación jurídica que ha sido indicada por el órgano acusador. «Que sean rechazados todos y cada uno de los incidentes», dijo Ortiz.

La audiencia, que por cuestiones de espacio se lleva a cabo en la Sala del Primer Tribunal Colegiado, está presidida por la jueza Altagracia Ramírez, presidenta del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Claro, por favor proporciona el párrafo que deseas que corrija.

Los acusados, quienes fueron detenidos durante la Operación Calamar, formaban parte de una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Además de los exministros de Hacienda y Obras Públicas, Donald Guerrero Ortiz y Gonzalo Castillo, entre los implicados en el expediente por corrupción administrativa se encuentra José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.

Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, también forman parte de la lista. Asimismo, se incluyen Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.