Arresto extendido para el coronel Andrés Pacheco Varela por caso de corrupción

Santo Domingo, RD.- En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, una jueza ratificó el arresto domiciliario impuesto como medida de coerción al coronel Andrés Pacheco, quien está siendo procesado por delitos de corrupción administrativa en la red desmantelada el año pasado con la Operación Lobo.

La fiscal litigante Rosa María Pichardo afirmó que, para ratificar la medida, el tribunal consideró la gravedad de los hechos documentados por el Ministerio Público, así como aspectos relacionados con el riesgo de fuga.

«Representa un peligro porque podría entorpecer las investigaciones que pesan contra él y contra el esquema criminal involucrado en este caso», dijo Pichardo a los periodistas que la abordaron a su salida del tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Rosa María Pichardo, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, solicitó a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, que mantenga la medida de coerción impuesta al coronel Pacheco Varela, uno de los imputados.

La Operación Lobo fue implementada por el Ministerio Público contra una red de sobornos, lo que resultó en el arresto de militares y civiles.

La jueza Rivas rechazó la solicitud del imputado y ratificó la medida de restricción de libertad para el procesado.

Asimismo, durante la audiencia, el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, solicitó al tribunal un permiso que le fue concedido.

Según el órgano acusador, la estructura criminal afectó negativamente a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Entre los implicados en los graves hechos que afectaron a varias instituciones del Estado figuran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179, párrafo; 180, 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano. Además, se les imputa la violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa con base en los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.