Centros oncológicos alertan que cambios en fármacos costosos podrían fomentar corrupción

Santo Domingo, RD.- La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos aseguró que la modificación de la resolución 553-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para centralizar las ventas de medicamentos de alto costo podría dar lugar a un esquema de corrupción.

En un comunicado, la entidad empresarial expresa que el nuevo esquema que se pretende aprobar podría propiciar un sistema de corrupción que involucraría montos superiores a los 300 millones de pesos.

“El tema no es solamente el acceso a los medicamentos, ya que hay dos tipos de medicamentos: los que están incluidos en el Plan de Servicios de Salud (PDSS), que los pacientes seguirán obteniendo a través del Programa de Alto Costo del Ministerio de Salud, y los que tienen un alto precio y están aprobados por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), los cuales las ARS y los pacientes compran directamente en el Programa de Alto Costo”, precisa.

Afirma que, si se aprueban cambios a la resolución 553-02, esto también conllevaría una serie de riesgos para los pacientes y para la conservación de los medicamentos indicados en las terapias para pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, además de añadir más burocracia para obtenerlos.

La organización empresarial sostiene que la discusión sobre la modificación en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) plantea interrogantes importantes acerca de su impacto en el acceso efectivo a tratamientos oncológicos, la logística de distribución, la calidad de los medicamentos y el respeto al marco jurídico sanitario vigente.

La organización que reúne a ocho centros oncológicos privados destaca que el tratamiento del cáncer requiere continuidad terapéutica, oportunidad en la administración de medicamentos y un cumplimiento estricto de los protocolos clínicos.

«Las terapias oncológicas modernas, que incluyen inmunoterapia, terapias dirigidas y anticuerpos monoclonales, dependen de esquemas terapéuticos programados que no pueden interrumpirse sin un riesgo clínico significativo», se expone en un comunicado.

Agrega que la propuesta de canalizar obligatoriamente los medicamentos de alto costo a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), presentada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), complicaría aún más el actual modelo centralizado de dispensación del Programa de Medicamentos de Alto Costo.

Señala que la concentración actual de la dispensación en dos ciudades crea barreras potenciales para los pacientes de otras regiones, incluyendo costos de traslado, retrasos en la entrega de medicamentos y dificultades logísticas para mantener la continuidad terapéutica.

Otro riesgo mencionado por la organización es la interrupción de la cadena de frío, ya que muchos medicamentos oncológicos requieren almacenamiento bajo estas condiciones, con un monitoreo continuo de la temperatura.

“La ruptura de la cadena de frío puede provocar la degradación del medicamento, la pérdida de eficacia terapéutica y un aumento del riesgo de eventos adversos. La centralización de la distribución incrementa la responsabilidad institucional de garantizar controles estrictos en el almacenamiento, transporte y trazabilidad de los medicamentos”, señala en su comunicado.

En cuanto al riesgo de interrupción terapéutica, se señala que el tratamiento del cáncer se basa en esquemas terapéuticos programados con intervalos definidos, y que la falta de disponibilidad de medicamentos o los retrasos en su dispensación pueden tener consecuencias para los pacientes.

Entre estas, citó la interrupción de ciclos de tratamiento, la pérdida de eficacia terapéutica y la progresión de la enfermedad. “Estas situaciones pueden afectar directamente la supervivencia de los pacientes”.

Agrega que el marco legal establecido en la Constitución de la República, la Ley General de Salud 42-01 y la Ley de Seguridad Social 87-01 contempla la garantía de acceso a los servicios de salud.

Especifica que, en enfermedades graves como el cáncer, la falta de acceso oportuno a tratamientos puede tener consecuencias irreversibles para la vida del paciente y constituir una violación a las normas jurídicas establecidas en el sistema de salud dominicano y la Constitución.