Procuradora pide renovar el sistema educativo para formar ciudadanos comprometidos

Santo Domingo, RD.- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó, ante decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país, que la escuela debe ser un centro de formación de un modelo de ser humano respetuoso de la dignidad de las personas, crítico y apegado a los valores que sustentan el contrato social.

Reynoso se refirió al tema al señalar que la corrupción rompe el contrato social que planteó Jean-Jacques Rousseau (junio de 1712-julio de 1778). “Existe un pacto social entre los ciudadanos y el Estado: yo asumo cierto comportamiento en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Sin embargo, la corrupción rompe ese pacto social, y si el pacto social se rompe, se daña la sociedad, se daña la colectividad, porque vivir en sociedad requiere reglas”, afirmó.

«¿Cuál es el objetivo del contrato social? La convivencia desarrollada, pacífica y armoniosa de la sociedad», añadió Reynoso durante su participación en una jornada organizada por el Ministerio de Educación para directores regionales, distritales y personal de su sede central, con el propósito de fomentar el conocimiento sobre los principales alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y del nuevo Código Penal.

La jornada, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, contó con la intervención de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental y asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, transparencia y anticorrupción, así como de Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

La procuradora general destacó la educación como un medio para transformar la sociedad. “Como hija de maestros y docente, siempre he creído que la educación no consiste solo en transmitir un texto a un joven o un adulto. La educación debe ser una parte esencial en la formación de un modelo de ser humano”, expresó.

Agregó: «De la educación depende el desarrollo, así como la calidad de la sociedad que construimos».

«Educar implica acompañar, entender y apoyar. La ley establece que debemos formar personas, hombres y mujeres libres, críticos, creativos, capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática, participativa, justa y solidaria, con un profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana», indicó.

La procuradora general habló sobre el impacto de la reforma penal y sus novedades, así como sobre la tipificación y sanción del bullying como una de las innovaciones del nuevo Código Penal.

Reynoso mencionó que el código tiene otras virtudes, entre ellas, sanciones por el acoso escolar. «Incluye el acoso escolar como un delito», señaló, destacando la importancia de sancionar estos casos debido a su trascendencia actual y al impacto negativo que tienen, especialmente por el uso de las redes sociales.

“El bullying no es una broma; lacera la dignidad de las personas y, sobre todo, es muy delicado cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”, expuso durante la actividad realizada el sábado en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa (MIDE).

Dijo que el Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigor en agosto de este año, incluye nuevos delitos o delitos reforzados.

Precisó que, con la nueva normativa, si alguien bajo los efectos del alcohol mata a una persona o la atropella, no se considerará un accidente, sino que se considerará un delito de dolo eventual, cuya pena podrá llegar hasta 20 años.

Además, mencionó que el código también impone sanciones significativas para aquellos que realizan disparos al aire. «Puedo afirmar que es un código moderno, un código de vanguardia, que incorpora lo mejor del derecho penal contemporáneo», señaló.

Indicó que lo novedoso del código es que la corrupción se considera un delito autónomo. «¿Qué significa esto en términos más claros, especialmente para quienes no son abogados? Que cualquier acción u omisión que perjudique el patrimonio público y en la que exista dolo, constituye un delito», explicó.

Recordó que el funcionario que consienta, acuerde o ejecute esquemas fraudulentos para justificar la erogación de pagos provenientes de la sobrevaluación injustificable de obras y servicios del Estado podría enfrentar penas de entre 5 y 10 años de prisión.

También se refirió al abuso de poder. “El poder es para construir un modelo de país, no para abusar de él; es para hacer un uso correcto de las funciones en beneficio de la colectividad. Por esta razón, el abuso de poder se considera también un tipo penal”, explicó Reynoso, quien además mencionó la responsabilidad empresarial como una novedad que introduce el código.

“Los empresarios y las empresas son responsables de sus acciones. Si usted, como empresa, le robó al Estado, entonces debe responder también, porque el patrimonio del Estado debe recuperarse sí o sí; cada peso que se roba debe recuperarse, ya que en cada peso hay una oportunidad de mejorar algún servicio en beneficio de la colectividad”, expuso.