El PLD sostiene que el Estado ha perdido control en regulación ambiental

Santo Domingo, RD.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana denunció la falta de acción del Gobierno en la protección de los recursos naturales, destacando que esta gestión ha priorizado la tramitación de permisos sobre la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.

El órgano de trabajo peledeísta informó que recientemente las autoridades anunciaron el procesamiento de más de 6,500 autorizaciones ambientales, presentadas como un indicador de eficiencia administrativa.

“Sin embargo, en materia ambiental, la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos”, aclaró Alfonso Ureña, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales y vocero en la rueda de prensa de los lunes, tras el asueto de Semana Santa, en la que también participaron Elías Cornelio, miembro del Comité Político; los subsecretarios Ricardo García, Carolina Abreu, Óscar Mariñez, Francis López, Arturo Santos y Dolkin Encarnación; y los miembros del Comité Central, Horacio Mazara, Geovany Arias y Andrés Gómez.

La Secretaría de Medio Ambiente del PLD observa con preocupación una tendencia en la gestión pública que pone en riesgo la protección de ecosistemas estratégicos y debilita el papel de la institucionalidad ambiental.

Afirma que cuando la gestión ambiental se limita a la tramitación acelerada de permisos, el riesgo es evidente: el Estado pierde capacidad de regulación y los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes. Por lo tanto, el problema no radica en la existencia de permisos y licencias, sino en la falta de seguimiento, control y una autoridad ambiental efectiva.

Diversos casos recientes han generado dudas razonables sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental. Entre ellos se encuentran los daños a humedales y manglares asociados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, así como la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros de Azua. Estos casos plantean interrogantes legítimas sobre la aplicación rigurosa de la normativa ambiental.

El Informe GEO República Dominicana 2024, elaborado con acompañamiento internacional, advierte que el crecimiento económico del país ha estado acompañado de una presión creciente sobre los recursos naturales, así como de un deterioro de los ecosistemas y una pérdida de biodiversidad.

Manifestó que en diversas regiones del país, las comunidades han tenido que asumir un rol que corresponde al Estado. En ese sentido, citó los casos de Cotuí, donde la población ha salido a las calles reclamando acciones frente a la contaminación de la presa de Hatillo. En la región del Cibao, sectores sociales y ambientales han expresado su preocupación ante los permisos para la exploración minera en la Cordillera Septentrional. En Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más relevantes del Caribe, persisten actividades de tala y quema, entre otros problemas.

El PLD sostiene que, ante esta situación, es imprescindible abrir un debate nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.