Wilson Camacho señala intento de evadir justicia en recusación del caso Valdez Alcántara

Santo Domingo, RD.- La solicitud de medida de coerción de diez años de prisión contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de haber recibido 10 mil dólares en soborno, no pudo ser conocida este viernes debido a una recusación interpuesta contra la jueza de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, alegando que está impedida de conocer el proceso.

Este recurso de la defensa del exfuncionario judicial fue calificado de «absurdo» por el director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho.

El abogado del imputado, Albert Delgado, precisa que la imparcialidad de la magistratura fue comprometida desde que ella autorizó al Ministerio Público a emprender diligencias en la investigación que concluyó con la detención del exfiscal, al recibir el dinero presuntamente de parte de un testigo del caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Entre los argumentos para la recusación se indica que la acción que se le atribuye a la magistrada la inhabilita para conocer y decidir sobre la coerción presentada por el Ministerio Público.

Al emitir su opinión sobre el recurso, Wilson Camacho, en su calidad de procurador adjunto de la República, considera que la acusación de la jueza de corte constituye «un litigio temerario». «La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, ha venido hoy con un grito desesperado, presentando el absurdo de recusar a una jueza con argumentos que ya conocían en dos audiencias anteriores y que en ningún momento plantearon para la recusación», precisó el director de Persecución de la Procuraduría.

«Lo que han hecho es una muestra de litigio temerario para huir de una realidad que los aplasta, que es el conocimiento de los hechos que plantea el Ministerio Público y de las evidencias», aseguró.

La defensa de Valdez Alcántara ha presentado un recurso contra la magistratura con el fin de evadir el proceso, pero la Procuraduría General mantiene su solicitud de prisión preventiva por doce meses.

«Nos encontrarán aquí con la misma decisión y con la misma firmeza para procurar que los imputados por la comisión de actos de corrupción reciban la sanción necesaria», agregó.