Rehenes, un millón de pesos y 37 presos políticos: el desafío al gobierno de los 12 años

Santo Domingo. El viernes 27 de septiembre de 1974, un comando armado secuestró a Barbara Hutchinson, directora de la Oficina de Prensa y Asuntos Culturales de la embajada de los Estados Unidos, en uno de los episodios más recordados de la lucha política durante los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer. Hutchinson, ya fallecida, fue la primera rehén de una acción que mantuvo en vilo al país durante varios días.

Los integrantes del «Movimiento Liberador 12 de Enero», dirigido por Radhamés Méndez Vargas, la apresaron en su propia oficina. Junto a ella se trasladaron al consulado de Venezuela, entonces en la avenida Bolívar, desde donde exigieron al gobierno la liberación de 37 presos políticos y un millón de pesos.

El comando estaba integrado además por Frank Santana, Colombino Pérez, Nicolás Contín, Jesús María Pacheco y Fernando Antonio Peña. Junto a Hutchinson permanecieron retenidos el cónsul venezolano Jesús Gregorio del Corral, el vicecónsul Valdemar Alvarado Ríos y las secretarias Ambrosina Ares y Dulce María Mejía.

El grupo pedía la libertad de opositores encarcelados por el régimen, entre ellos Plinio Matos Moquete, Winston Vargas Valdez, Aramis Cruz Rosario, Eligio Antonio Blanco Peña, Mirna García Guzmán, Darío Peña Dumendeur, Rafael Medina, Francisco «Negro» Ulloa, Alberto Cerón Polanco, José Manuel Lembert Beltré y Luis Ruiz.

Tras varias jornadas de negociación, Balaguer aceptó otorgar un salvoconducto a los secuestradores. Con los rehenes liberados, el comando salió del país rumbo a Panamá.

El regreso y el final de sus protagonistas

Los miembros del comando regresaron a República Dominicana después de que se promulgara la Ley de Amnistía General para presos y exiliados políticos del régimen de los 12 años, firmada el 16 de agosto de 1978 por el presidente Antonio Guzmán.

Méndez Vargas ya tenía antecedentes: había dirigido otro comando que secuestró un avión de Venezolana de Aviación y lo desvió a Cuba. Años después regresó al país, fue condenado a 20 años de prisión y cumplió cinco en el Penal de La Victoria antes de obtener la libertad condicional. Murió en 2014.