Tribunal confirma prisión preventiva para Santiago Hazim y seis implicados en caso Senasa

Santo Domingo, RD.- El procurador adjunto Wilson Camacho recordó la gravedad de los delitos cometidos por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y los demás procesados en la red criminal que desfalcó miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público afirmó que el daño causado por los procesados debe ser reparado. Esto lo expresó al responder a los periodistas que lo abordaron después de que un juez del Distrito Nacional ratificara la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, así como a otros seis procesados de la red criminal.

La medida también fue confirmada para Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Camacho recordó que para mañana viernes está programada la audiencia de coerción de Ángel Luis Guzmán, quien forma parte de una estructura enfrentada con una de las líneas de investigación de la Operación Cobra.

Afirmó que la investigación ha revelado que el seguro estatal fue «atacado desde varios frentes y estafado por diversas estructuras».

«Una de esas estructuras es la que estamos conociendo en este proceso; otra de esas estructuras es la que lidera Ángel Luis Guzmán, a quien le vamos a imponer medidas de coerción el día de mañana», dijo.

«Y les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Salud. Sin embargo, no puedo proporcionar más información para no comprometer la investigación», indicó.

«Como he mencionado, ha habido varias estructuras que han afectado al Seguro Nacional de Salud; tuvimos una primera versión, vendrá una segunda y no descartamos que haya una tercera», dijo el director general de Persecución.

Detalló que el juez del Séptimo Juzgado del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ha mantenido las medidas de coerción, consistentes en prisión preventiva, para todos los imputados de este caso de estafa, tal como lo han hecho todos los tribunales que han juzgado este proceso. Desde la primera instancia, que impuso prisión preventiva a cada uno de los imputados, hasta la corte que mantuvo esa medida, este es el quinto juez que considera que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de estos imputados es que se mantengan en prisión preventiva por razones que, además, son muy obvias.

Afirmó que pocos casos de corrupción administrativa en la República Dominicana han causado un daño tan evidente como el provocado por la estructura que afectó gravemente el sistema de salud del pueblo dominicano.

Camacho explicó que los alegatos relacionados con temas de salud en el caso de Hazim Albainy, al igual que en el caso de otros imputados, fueron presentados en primera instancia, en la corte y en el proceso que el juez decidió este jueves, y siempre han sido rechazados.

Al presentar sus conclusiones durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó que se ratifique la prisión preventiva que les fue impuesta a los imputados en diciembre del año pasado, 2025.

El pasado 14 de diciembre de 2025, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva de 18 meses a Hazim Albainy, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

El procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, junto con la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, así como los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña y Yudelka Holguín.

El juez programó la próxima revisión de la medida para el 30 de julio de 2026.

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En el proceso judicial iniciado a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes, el pasado mes de diciembre, les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados del SeNaSa al defraudar a esta administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.

El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra. Posteriormente, el Ministerio Público inició la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído del patrimonio público.

Al grupo se le imputan cargos de colusión de funcionarios, prevaricación, asociación ilícita, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Durante el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha logrado recopilar evidencias de soborno a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, utilizados para desviar fondos, así como maniobras fraudulentas.

El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instaurado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en colaboración con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.