Roberto Rosario Márquez  critica ley que limita candidaturas independientes en República Dominicana

Santo Domingo.– El ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, generó debate en redes sociales tras publicar un análisis crítico sobre la reciente aprobación de una ley por parte del Congreso Nacional que, según afirma, restringe la participación de candidatos independientes en los procesos electorales.

La normativa, aprobada por ambas cámaras legislativas —mayoritariamente controladas por el partido oficialista— elimina, en la práctica, la posibilidad de que ciudadanos no afiliados a partidos políticos puedan presentar candidaturas a cargos de elección popular.

Rosario Márquez explicó que la legislación vigente contemplaba esta figura. En particular, el artículo 156 establecía que “podrán ser propuestas candidaturas independientes”, siempre que se cumplieran ciertos requisitos, entre ellos la conformación de una “agrupación política” de carácter temporal. Estas agrupaciones debían constituirse al menos 75 días antes de las elecciones, presentar un programa de gobierno y estructurar una organización que respaldara la candidatura.

Sin embargo, diversos sectores han manifestado inconformidad con dichas condiciones, al considerarlas equiparables a las exigidas a los partidos políticos tradicionales, lo que —según alegan— desnaturaliza el concepto de independencia.

En su publicación, Rosario Márquez calificó como “innecesaria” la decisión del Congreso y advirtió que podría interpretarse como una restricción de derechos ciudadanos. Asimismo, cuestionó el argumento de que la medida busca evitar que figuras vinculadas a actividades ilícitas accedan a cargos públicos a través de candidaturas independientes.

“El sistema de partidos no ha estado exento de estas situaciones”, señaló, al recordar que algunos legisladores han admitido públicamente vínculos con actividades delictivas y el uso de recursos ilícitos en campañas electorales.

A juicio del exfuncionario, la verdadera motivación detrás de la reforma podría ser el temor a que figuras con alto nivel de popularidad —aunque sin estructuras partidarias— logren captar el apoyo ciudadano y desplacen a liderazgos tradicionales.

Finalmente, Rosario Márquez indicó que el presidente de la República tiene ahora la potestad de promulgar u observar la ley. En ese sentido, subrayó que la historia política demuestra que la popularidad no garantiza el éxito electoral, por lo que considera desacertado limitar derechos en base a ese supuesto riesgo.

“La solución planteada no responde al problema real”, concluyó, comparando la medida con “una mala receta para tratar una enfermedad que no padece el paciente, sino la sábana”.